Se dice que el presupuesto refleja las prioridades del gobierno, sin embargo, esta afirmación hay que tomarla con cautela, pues no siempre es cierta o al menos es más engañosa de lo que parece. Por principio hay dos aspectos que se deben considerar, primero, que algunas expresiones contenidas en los documentos presupuestarios son ambiguas e indefinidas, lo que se presta a cierta distorsión entre la prioridad supuestamente señalada y el destino final del gasto. Segundo, que la existencia de rubros a los cuales se destina un gasto específico (el llamado gasto etiquetado) suele emplearse para justificar la forma en la que se atienden problemas de corte estructural, sin que esto sea realmente cierto. Si bien el gasto etiquetado tiene su propia cuota de bondad, el riesgo que vemos es que se use en sustitución de una perspectiva que tendría que ser transversal a todo el gasto o como la respuesta para la construcción de políticas públicas que debieran atender los problemas. El gasto etiquetado es sólo una acción afirmativa, no una política de gobierno.
El caso del campo y la igualdad de género son un buen ejemplo de las cautelas que debemos tomar al “leer” las prioridades del presupuesto. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 nos regala algunos ejemplos que lo demuestran. Basta ver el contenido del anexo 9 A, llamado “Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género” donde dice que para este tema hay 8,981.6 millones. Cuando uno busca el detalle, éste brilla precisamente por su ausencia. Como muestra de expresiones ambiguas tenemos que 25 millones de pesos son para actividades derivadas del trabajo legislativo y que hay 32 millones para “Otras actividades” del Poder Judicial. ¿Cómo saber si este gasto atiende alguna problemática que viven las mujeres? Es difícil. Detrás del discurso de preocupación millonaria por las mujeres hay poca información.
Lo cierto es que nadie en su sano juicio discutiría si es deseable o no asignar más dinero para resolver los rezagos lacerantes que viven las mujeres en el campo. Tampoco nos cuestionamos la pertinencia de colocar recursos específicos en acciones y programas para ciertas prioridades. Sin embargo, el presupuesto sugiere cosas que no son, como que hay medidas para buscar la igualdad de las mujeres en el sector rural. El PEF 2009 muestra asignaciones realmente minúsculas que generan dudas. Por ejemplo, de acuerdo al anexo 9A, el gasto de SAGARPA destinado al tema de mujeres e igualdad de género se reduce a 3 millones, 1 de ellos para Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria y los 2 restantes para Registro, control y seguimiento de programas presupuestarios. A pesar de que el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable prevé que las acciones que el Estado realice en el medio rural se desarrollen con criterios de equidad y género.
En el caso del gasto a la SAGARPA parece que no son bien recibidos estos criterios, poco gasto y en aspectos poco trascendentes dada la magnitud de los temas a atender. De hecho, la propuesta que envió el ejecutivo a la Cámara de Diputados no incluía, en el gasto etiquetado, recursos para la SAGARPA en materia de igualdad de género. Esta, aunque no sea una novedad, es una muestra fehaciente de que no es su prioridad.
En la formalidad del presupuesto, mejor suerte corre el Programa de la mujer en el sector agrario (Promusag) que recibe 957 millones de pesos, aunque tampoco se pueden echar las campanas al vuelo, pues este año, el generoso anexo 9A presupuestaba 907 millones a este programa, sin embargo, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, la Reforma Agraria en realidad sólo ejerció 90 millones.
Independientemente de estas variaciones entre fuentes de información, lo cierto es que no tenemos certeza en cómo benefician estos programas a las mujeres. Entre otras cosas, porque no representan transformaciones estructurales. Dice mucho que el programa que más recursos reciba para las mujeres en el campo sea operado por la Reforma Agraria y no por la SAGARPA. Dice más que sea un programa sujeto a renovación anual, pues no hay una política gubernamental que apunte al cambio del rol de las mujeres en el campo. ¿Cuántas mujeres tienen acceso a propiedad, a créditos, a subsidios, cuántas pertenecen a procesos organizativos? Sin atender estas cuestiones estructurales, el gasto etiquetado sigue siendo una solución bañada de inmediatez.
Por eso insistimos en que no es tan fácil aceptar que el tema de mujeres en el medio rural haya sido tomado en cuenta de forma seria e integral. En su nombre se reflejan asignaciones millonarias, se manipulan rubros de programas y se nos presentan anexos del presupuesto con cantidades magnificas. Sin embargo, lo deseable es que todo el gasto atienda las necesidades de cada uno de los géneros en búsqueda de reducir las brechas de desigualdad entre ellos. Urge que la SAGARPA actualice la visión que tiene del papel de la mujer en el campo y que esto se vea realmente reflejado en las políticas públicas y, por lo tanto, en la correcta asignación de presupuestos.
