*Miguel Pulido Jiménez
La tercera semana de noviembre se ha convertido en un auténtico festival de declaraciones públicas en torno al gasto del erario que se proyecta en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las hay de legisladoras y legisladores, líderes sectoriales, candidatos, servidoras y servidores públicos y analistas, por mencionar algunos declarantes. El tema del campo, por supuesto, enciende los ánimos y arranca expresiones públicas.
Para muestra, un botón. Según reportó Gabriel León (La Jornada), el líder Cenecista Cruz López “reveló que de su propuesta original de 260 mil millones de pesos para el PEC, la CNC ‘se bajó a 241 mil’; luego se acordó la cifra de 235 mil, sólo que de ‘manera tramposa’ los legisladores de PAN y PRD ya habían acordado una partida de sólo 226 mil millones de pesos.” Cómo se aprecia, en el centro del dicho se ponen las cantidades, 260 mil millones sí alcanzan para el campo, 235 mil, no.
De acuerdo a lo que recuperó Notimex (11 de noviembre), el Diputado Javier Guerrero, Secretario de la Comisión de Presupuesto al referirse al “Programa Concúrrete para el Campo comentó que continúan las negociaciones, pero se prevé que quede finalmente por arriba de los 230 mil millones de pesos, contra los 214 mil millones de pesos propuestos por el Ejecutivo federal.” ¿Lo ve? Nuevamente el eje de la explicación es que 230 mil millones son mejores que 214 mil.
Un ejemplo más. “El diputado federal panista, Ramón Ceja Romero, aseguró que dentro del ejercicio fiscal 2009 el campo obtuvo un presupuesto superior a los 237 mil millones de pesos contra el proyecto que había enviado el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. El legislador recordó que durante los últimos años, la asignación de recursos a las delegaciones federales y el gasto federalizado han mostrado un crecimiento real continuo, prácticamente en todos sus conceptos” (Reporte Digital, 14 de noviembre). El punto neurálgico de la declaración, nuevamente, el incremento millonario al gasto. Nuestras diputadas y diputados justifican su preocupación por el campo contrastando los millones que se dice son asignados por ellos al campo, a cambio del escamoteo que materializado en la forma del proyecto de presupuesto envía el Ejecutivo.
Hasta aquí las cosas, lo lógico es aplaudir que se destinen más recursos al campo. Al igual que en la economía de un hogar, tener más dinero puede contribuir a resolver de mejor forma el tema de las carencias. Pensará Ud., con toda razón, que estaría fuera de norma estar a favor de las y los campesinos de México y no pedir más fondos para ellos. Sin embargo, una vez más, conviene recomendar cierta cautela para interpretar el presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC).
Concretamente hay que hacerlo por dos razones, la primera porque es necesario saber a dónde va a parar el dinero que a nombre de campesinos y campesinas se destina para el gasto rural, es decir, quiénes, en dónde y bajo qué condiciones reciben apoyos. La segunda razón es tener mayor claridad respecto qué rubros informan el supuesto gasto en desarrollo rural, es decir, qué programas son incluidos en esa abstracta noción presupuestaria llamada PEC, que se sugiere incluye el total del gasto destinado al campo.
Del primer problema ya hemos dicho (ver aquí) que dos programas, Procampo e Ingreso Objetivo, expresan altos grados de concentración. Por ejemplo, con datos del portal Subsidios al Campo en México podemos saber que el primer 1 por ciento de beneficiarios (suponiendo que exista una correspondencia 1 persona: 1 folio) acumuló el 23% del total de los pagos realizados entre 1994 y 2008 (decimos suponiendo, pues el nivel de concentración se incrementa si consideramos que hay personas que tienen más de un número de folio). Sólo 1 estado (Sinaloa) acumula el 10.8% del total de los apoyos. La fórmula “muchos recursos en pocas manos” se hace más crítica (todavía) cuando consideramos que la distribución desigual a su vez se replica dentro de los estados. En Sinaloa, en el periodo 1994-2008, el primer 10 por ciento de beneficiarios recibió el 63 por ciento de los pagos de Procampo e Ingreso Objetivo. ¿Fuerte? Hay más, resulta que en ese estado, el primer 1% recibió el 24% del total de los apoyos.
Al poner los datos en el contexto nacional, lo cierto es que la noción de concentración termina por ser ofensiva. Nadie nos dice que menos de 3,500 beneficiarios (todos ellos en Sinaloa y nuevamente asumiendo la ficción un folio: una persona) han recibido cerca del 2.5% del total de los recursos asignados a Procampo e Ingreso Objetivo. Tal como lo lee, 3,500 folios en Sinaloa han recibido lo mismo (cerca de 4.5 mil millones de pesos) que el total de los 380 000 beneficiarios de todo el país del Procampo Tradicional para Maíz y cualquier cultivo. De hecho, 20 beneficiarios se distribuyen más de 220 millones de pesos en el mismo periodo. Esto significa que los folios que más han recibido promedian apoyos de cerca de 20 millones de pesos. Vamos, hay apoyos a personas físicas por más de 1,000 hectáreas, a pesar de que el decreto de creación del Procampo fija el límite para la superficie elegible a 100 has. Si los incrementos millonarios se van directamente a pocas manos, de poco o nada servirán.
Pero decíamos que también debe atenderse cuáles son los programas que se incluyen en el PEC. Pues ello matiza la alegría de escuchar que la productividad rural recibirá cuantiosos recursos. Por ejemplo, 25 mil de los 235 mil millones tan festejados que se suponen destinados al campo, en realidad obedecen al rubro educación pública. Por supuesto uno supone que se trata del gasto que se destinará a la educación en el medio rural. Con todo, resulta que de esos 25 mil millones, 15 mil son del Programa Oportunidades y 5 mil del Programa de Desarrollo de Capacidades (lo que sea signifique). Un ejemplo más, resulta que el Programa para la Atención a la Pobreza en el medio Rural aporta 43 mil millones al PEC, de los cuales 7 mil son para atención a indígenas y 10 mil para la atención a adultos de más de 70 años. La asimilación de la política social y la política productiva para el campo como una misma es algo más que un error de categorización de gasto. Muestra la falta de conducción y rumbo.
Con base en esta técnica de asignación de gasto para el desarrollo rural, bien bastaba incluir cualquier programa de seguridad pública que suceda en zonas rurales (por ejemplo, los sobrevuelos para detectar zonas de cultivos de enervantes o la construcción de una prisión de alta seguridad en una zona indígena o rural) para llegar a los tan ansiados 261 mil millones de pesos. Insistimos, si los muchos recursos se van a unos poquitos, o si detrás de las millonarias cifras que se presumen para desarrollo rural están tratadas como idénticas la política social y la de productividad, lo único que tendremos será un auténtico placebo presupuestario. No son los recursos lo que nos ayudará a rescatar al campo, también importa su distribución.
*Coordinador del ára de transparencia y rendición de cuentas de Fundar y responsable del proyecto Subsidios al Campo en México
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