En un país como México, el tema de los subsidios para el campo adquiere particular relevancia por varias razones. Quienes lean estas líneas seguramente ya han pensado en las suyas, tiro al aire algunas que desde mi perspectiva deben considerarse: por la larga tradición de producción agrícola que hay en el país, por la conexión cultural con el territorio que esta actividad económica supone en el México rural e indígena, por los millones de mexicanos que dependen del sector, por las consecuencias para la soberanía alimentaria o incluso por las implicaciones que la participación en mercados de libre comercio tanto con Europa como con América del Norte suponen.
Hay otras dos, sin embargo, que han sido el impulso para construir el proyecto Subsidios al Campo en México y que quiero explicar en este breve artículo. Una es la urgente necesidad de optimizar los resultados esperados, vía el destino de subsidios, en el combate a la desigualdad y exclusión que aqueja a nuestro país, específicamente en el sector rural. La otra, que los subsidios son recursos públicos que nos pertenecen a todas y a todos y que son administrados de manera temporal por quienes ejercen el poder público. A partir de estos argumentos es pertinente preguntarse ¿qué modelo de apoyo al campo queremos en México?
Simplificando en exceso el esquema, podemos decir que para aquellas personas que se dedican a la agricultura con fines económico-lucrativos (cuya producción está destinada a la comercialización), el incentivo medular para su esfuerzo radica en los beneficios que se obtienen por las transacciones logradas en el mercado. Quienes gozan de condiciones adecuadas y disponen de los medios pertinentes, logran vender sus productos y obtener jugosas ganancias. Quienes poco tienen o están en condiciones precarias de producción, tienen una desventaja, muchas veces estructural. No sólo el mercado los premia poco, cada día los excluye más. Así, la primera cuestión que tenemos que resolver es cuál es la racionalidad detrás de la inclusión de agentes económicos solventes y competitivos por si, en programas de tipo compensatorio que buscan la incorporación más equitativa de quienes menos tienen en el mercado. Dicho de forma más simple, dado que la asignación de subsidios por su naturaleza supone una exclusión ¿qué sentido tiene ayudar con dinero público a quienes todo lo tienen dejando de lado a quienes requieren de esos recursos para disminuir las desigualdades?
Desde el punto de vista de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, un incremento en la productividad del sector será exitoso sólo en la medida que logre incluir a la mayor cantidad de personas en un proyecto de desarrollo. Se trata no sólo de tener un campo ganador (usando prestado el eufemismo del gobierno federal) sino de tener un campo ganador y equitativo. Subsidios excesivamente concentrados, no sólo no llegan a quienes los necesitan, aumentan, además, la exclusión social.
Todo esto para justificar, o dimensionar mejor, la importancia de responder a las preguntas ¿quién recibe cuánto, en dónde y para apoyar a qué productos? Acordada la pertinencia de estas preguntas, uno esperaría buenas respuestas. O por lo menos la posibilidad de encontrar en la información del gobierno buenas respuestas. Sin embargo, la generada por la SAGARPA es de tal magnitud compleja en su manejo y con tantas inconsistencias, que roza lo inútil. Sin información confiable, tendremos una venda en los ojos. Aunque la exclusión que exista sea palpable, por decirlo de algún modo, con el resto de sentidos.
Así las cosas, algunos datos son relevantes, sobre todo a la luz de la negociación presupuestaria que se vive en la Cámara de Diputados. Para muestra, hoy nos reporta la prensa que las y los Diputados aumentaron en 11 mil 600 millones la propuesta original del Ejecutivo, llevando el monto total de recursos públicos destinados al sector a 235 mil 835 millones de pesos.
Sin embargo, insistimos, este incremento de recursos puede ser incluso negativo si no revisamos a quiénes se entregan. Por ejemplo, a partir del análisis de los datos públicos consultados en Subsidios al Campo en México pudimos saber que 40 personas físicas en sólo 4 estados recibieron en conjunto, en lo que va de existencia de Procampo e Ingreso Objetivo, 422 millones de pesos (es importante aclarar que Procampo tiene 15 años de vigencia e Ingreso Objetivo 8). Esto es casi lo mismo que han recibido en total los productores de Chile (más de 40 mil productores) por concepto de Procampo Tradicional durante 15 años (475 millones de pesos).
Los mismos 422 millones de pesos que han recibido estas 40 personas físicas supera por más de 100 millones de pesos el monto que han recibido en 15 años los 3,050 beneficiarios de Procampo e Ingreso Objetivo de Baja California Sur. También son 8 veces más que lo que han recibido los campesinos del Distrito Federal (2,040 beneficiarios) y son apenas 30 millones menos que lo que han recibido en el mismo periodo los campesinos de Colima (12,352).
Ejemplos concretos nos ayudan a entender mejor los niveles de concentración. En Sinaloa, los productores: Jesús Patrón Montalvo (Diputado Federal), Evelio Plata Inzunza (Diputado local), Esteban García Valenzuela (Diputado local y ex presidente municipal de Ahome) suman más de 47 millones de pesos en pagos de Procampo e Ingreso Objetivo. Lo recibido por sólo 3 personas equivale a lo que han recibido el total de los productores de Coahuila (16,382) por concepto de Procampo Frijol en 15 años. De hecho, es más de lo que han recibido los productores de frijol de cualquiera de los 16 estados que menos recibieron por este rubro (incluidos Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Morelos) en 15 años.
Estas concentraciones no se dan sólo en personas físicas. En las personas morales el nivel de concentración se pronuncia de manera considerable. Es importante aclarar que aún cuando no es fácil saber que significan estos niveles de concentración en términos individuales, lo cierto es que suponen un problema en términos de distribución de recursos públicos, pues no dejan de ser agentes económicos competitivos y altamente solventes, recibiendo apoyos que en su diseño habían sido previstos para las personas de menores recursos.
Veamos. Entre dos personas morales (2 sociedades): Auza Sociedad de Producción Rural (SLP y Tamps); y Agrícola Ohuira (Sin) han recibido más de 112 millones de pesos por concepto de Procampo e Ingreso Objetivo. Esto, simplemente, es más de lo que recibieron la totalidad de productores del estado de San Luis Potosí por Procampo Tradicional Avena en 15 años.
A la luz de estos datos, todos obtenidos de Subsidios al Campo en México, la discusión sobre los aumentos a los subsidios toma otro perfil. Que quede claro, no es lo mismo dar dinero para el campo, que a los campesinos.
*Miguel Pulido Jiménez es responsable del Proyecto Subsidios al Campo en México y coordinador del área de Transparencia y rendición de cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C.
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