Las mujeres en el campo... ¿prioridad?

Melissa Ortiz Massó

Se dice que el presupuesto refleja las prioridades del gobierno, sin embargo, esta afirmación hay que tomarla con cautela, pues no siempre es cierta o al menos es más engañosa de lo que parece. Por principio hay dos aspectos que se deben considerar, primero, que algunas expresiones contenidas en los documentos presupuestarios son ambiguas e indefinidas, lo que se presta a cierta distorsión entre la prioridad supuestamente señalada y el destino final del gasto. Segundo, que la existencia de rubros a los cuales se destina un gasto específico (el llamado gasto etiquetado) suele emplearse para justificar la forma en la que se atienden problemas de corte estructural, sin que esto sea realmente cierto. Si bien el gasto etiquetado tiene su propia cuota de bondad, el riesgo que vemos es que se use en sustitución de una perspectiva que tendría que ser transversal a todo el gasto o como la respuesta para la construcción de políticas públicas que debieran atender los problemas. El gasto etiquetado es sólo una acción afirmativa, no una política de gobierno.

El caso del campo y la igualdad de género son un buen ejemplo de las cautelas que debemos tomar al “leer” las prioridades del presupuesto. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 nos regala algunos ejemplos que lo demuestran. Basta ver el contenido del anexo 9 A, llamado “Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género” donde dice que para este tema hay 8,981.6 millones. Cuando uno busca el detalle, éste brilla precisamente por su ausencia. Como muestra de expresiones ambiguas tenemos que 25 millones de pesos son para actividades derivadas del trabajo legislativo y que hay 32 millones para “Otras actividades” del Poder Judicial. ¿Cómo saber si este gasto atiende alguna problemática que viven las mujeres? Es difícil. Detrás del discurso de preocupación millonaria por las mujeres hay poca información.

Lo cierto es que nadie en su sano juicio discutiría si es deseable o no asignar más dinero para resolver los rezagos lacerantes que viven las mujeres en el campo. Tampoco nos cuestionamos la pertinencia de colocar recursos específicos en acciones y programas para ciertas prioridades. Sin embargo, el presupuesto sugiere cosas que no son, como que hay medidas para buscar la igualdad de las mujeres en el sector rural. El PEF 2009 muestra asignaciones realmente minúsculas que generan dudas. Por ejemplo, de acuerdo al anexo 9A, el gasto de SAGARPA destinado al tema de mujeres e igualdad de género se reduce a 3 millones, 1 de ellos para Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria y los 2 restantes para Registro, control y seguimiento de programas presupuestarios. A pesar de que el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable prevé que las acciones que el Estado realice en el medio rural se desarrollen con criterios de equidad y género.

En el caso del gasto a la SAGARPA parece que no son bien recibidos estos criterios, poco gasto y en aspectos poco trascendentes dada la magnitud de los temas a atender. De hecho, la propuesta que envió el ejecutivo a la Cámara de Diputados no incluía, en el gasto etiquetado, recursos para la SAGARPA en materia de igualdad de género. Esta, aunque no sea una novedad, es una muestra fehaciente de que no es su prioridad.

En la formalidad del presupuesto, mejor suerte corre el Programa de la mujer en el sector agrario (Promusag) que recibe 957 millones de pesos, aunque tampoco se pueden echar las campanas al vuelo, pues este año, el generoso anexo 9A presupuestaba 907 millones a este programa, sin embargo, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, la Reforma Agraria en realidad sólo ejerció 90 millones.

Independientemente de estas variaciones entre fuentes de información, lo cierto es que no tenemos certeza en cómo benefician estos programas a las mujeres. Entre otras cosas, porque no representan transformaciones estructurales. Dice mucho que el programa que más recursos reciba para las mujeres en el campo sea operado por la Reforma Agraria y no por la SAGARPA. Dice más que sea un programa sujeto a renovación anual, pues no hay una política gubernamental que apunte al cambio del rol de las mujeres en el campo. ¿Cuántas mujeres tienen acceso a propiedad, a créditos, a subsidios, cuántas pertenecen a procesos organizativos? Sin atender estas cuestiones estructurales, el gasto etiquetado sigue siendo una solución bañada de inmediatez.

Por eso insistimos en que no es tan fácil aceptar que el tema de mujeres en el medio rural haya sido tomado en cuenta de forma seria e integral. En su nombre se reflejan asignaciones millonarias, se manipulan rubros de programas y se nos presentan anexos del presupuesto con cantidades magnificas. Sin embargo, lo deseable es que todo el gasto atienda las necesidades de cada uno de los géneros en búsqueda de reducir las brechas de desigualdad entre ellos. Urge que la SAGARPA actualice la visión que tiene del papel de la mujer en el campo y que esto se vea realmente reflejado en las políticas públicas y, por lo tanto, en la correcta asignación de presupuestos.

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Investigadora del proyecto de Vinculo y monitoreo con el Poder Legislativo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C.

Voces desde la Cámara. Entre acusaciones políticas confirmaciones de la falta de control

Reporta Milenio Diario (para leer la nota aquí) que el Diputado Héctor Padilla acusa el no ejercicio de 300 millones de pesos de apoyo al Agave Tequilero. Reclama que 133 millones de todo ese total correspondían al estado de Jalisco. Es más, acusa que tiene pruebas que 2,200 millones fueron gastados en rubros distintos a aquellos a los que la Cámara los destinó.

En este blog y en la página de Subisidios al Campo ya hemos dicho que la euforia con la que las y los Diputados llenan el anexo correspondiente al PEC no necesariamente sirve para la evaluación del gasto público. El Diputado tendría menos dudas (no sólo él, sus colegas y miles de mexicanos también) si pudiera buscar en la misma sección en la que aprobó 300 millones, cómo es que fueron gastados. Sin reporte de gasto a detalle, de nada o de poco sirve la asignación exquisita.

¿Sólo basta con gastar los recursos a tiempo?

Ya hemos dicho en este blog que mirar lo superficial deja intocado el fondo. En la SAGARPA se limpia y se pule el cristal de la pecera por fuera, pero no se le cambia el agua, se le revisan los filtros ni se le mira si le quedan peces. Con gran pompa anunció la SAGARPA que ejercerá 70 mil millones de pesos a tiempo. La duda que siempre flota es ¿el gasto puntual resuelve problemas? o ¿sólo nos ha afectado el gasto fuera de tiempo?

¿Qué opina?

Del blog de Juan Pardinas: Promota o procampo

Juan Pardinas

El Promota es el Programa Nacional de Fomento para el Cultivo de Mariguana. Este programa de subsidios no existe, al menos con ese nombre. El Procampo es el mecanismo de transferencia de recursos para productores agrícolas de cultivos lícitos. Sin embargo, dineros del Procampo han financiado la cosecha de siembras no legales. De acuerdo a una nota de Reforma (8-XI-2008), algunas familias vinculadas al narcotráfico son favorecidas por el programa de subsidios agrícolas.

No debería ser sorpresa que en un programa con casi 3 millones de beneficiarios se cuele uno que otro sembrador de vegetales prohibidos por la ley. El problema más grave del Procampo no son los narcosubsidios, sino la entrega monumental de dinero a productores agrícolas exitosos que no requieren de la beneficencia del gobierno. De acuerdo a la página de Internet www.subsidiosalcampo.org.mx, el 5% de los agricultores más ricos concentra el 44% de los recursos totales entregados en la historia de Procampo (1994-2008). En contraste, el 80% de los beneficiarios más pobres recibieron apenas el 27% de los fondos, durante el mismo periodo. Suponer que el presupuesto gastado en el campo mexicano, beneficia a los campesinos pobres es un mito.

El decreto de creación del Procampo de 1994 establece: "más de 2.2 millones de productores rurales que destinan su producción al autoconsumo se encontraban al margen de los sistemas de apoyos, y en consecuencia en desigualdad este sistema… (el programa) tiene como uno de sus principales objetivos mejorar el nivel de ingreso de aquellos productores." A 15 años de su creación, Procampo ha logrado exactamente el objetivo contrario: con cada peso que se gasta en este subsidio aumenta la brecha de desigualdad en las zonas rurales.

¿Es responsabilidad de la Secretaría de Agricultura combatir la desigualdad y la pobreza en el campo mexicano? ¿Para qué sirve Sedesol y el programa Oportunidades? En 2008, el dinero gastado en Procampo representó el 84% del presupuesto asignado a Oportunidades. Este programa, a cargo de Sedesol, cumple con el propósito de apoyar a 4.8 millones de familias que viven por debajo de la línea de pobreza. Los resultados positivos de Oportunidades han sido validados por evaluadores externos. Si el sentido común gobernara las decisiones presupuestales, el dinero que se malgasta en Procampo se debería de transferir a Oportunidades u otro programa que diera mejores resultados.

No son sólo los recursos, también su distribución

*Miguel Pulido Jiménez

La tercera semana de noviembre se ha convertido en un auténtico festival de declaraciones públicas en torno al gasto del erario que se proyecta en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las hay de legisladoras y legisladores, líderes sectoriales, candidatos, servidoras y servidores públicos y analistas, por mencionar algunos declarantes. El tema del campo, por supuesto, enciende los ánimos y arranca expresiones públicas.

Para muestra, un botón. Según reportó Gabriel León (La Jornada), el líder Cenecista Cruz López “reveló que de su propuesta original de 260 mil millones de pesos para el PEC, la CNC ‘se bajó a 241 mil’; luego se acordó la cifra de 235 mil, sólo que de ‘manera tramposa’ los legisladores de PAN y PRD ya habían acordado una partida de sólo 226 mil millones de pesos.” Cómo se aprecia, en el centro del dicho se ponen las cantidades, 260 mil millones sí alcanzan para el campo, 235 mil, no.

De acuerdo a lo que recuperó Notimex (11 de noviembre), el Diputado Javier Guerrero, Secretario de la Comisión de Presupuesto al referirse al “Programa Concúrrete para el Campo comentó que continúan las negociaciones, pero se prevé que quede finalmente por arriba de los 230 mil millones de pesos, contra los 214 mil millones de pesos propuestos por el Ejecutivo federal.” ¿Lo ve? Nuevamente el eje de la explicación es que 230 mil millones son mejores que 214 mil.

Un ejemplo más. “El diputado federal panista, Ramón Ceja Romero, aseguró que dentro del ejercicio fiscal 2009 el campo obtuvo un presupuesto superior a los 237 mil millones de pesos contra el proyecto que había enviado el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. El legislador recordó que durante los últimos años, la asignación de recursos a las delegaciones federales y el gasto federalizado han mostrado un crecimiento real continuo, prácticamente en todos sus conceptos” (Reporte Digital, 14 de noviembre). El punto neurálgico de la declaración, nuevamente, el incremento millonario al gasto. Nuestras diputadas y diputados justifican su preocupación por el campo contrastando los millones que se dice son asignados por ellos al campo, a cambio del escamoteo que materializado en la forma del proyecto de presupuesto envía el Ejecutivo.

Hasta aquí las cosas, lo lógico es aplaudir que se destinen más recursos al campo. Al igual que en la economía de un hogar, tener más dinero puede contribuir a resolver de mejor forma el tema de las carencias. Pensará Ud., con toda razón, que estaría fuera de norma estar a favor de las y los campesinos de México y no pedir más fondos para ellos. Sin embargo, una vez más, conviene recomendar cierta cautela para interpretar el presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC).

Concretamente hay que hacerlo por dos razones, la primera porque es necesario saber a dónde va a parar el dinero que a nombre de campesinos y campesinas se destina para el gasto rural, es decir, quiénes, en dónde y bajo qué condiciones reciben apoyos. La segunda razón es tener mayor claridad respecto qué rubros informan el supuesto gasto en desarrollo rural, es decir, qué programas son incluidos en esa abstracta noción presupuestaria llamada PEC, que se sugiere incluye el total del gasto destinado al campo.

Del primer problema ya hemos dicho (ver aquí) que dos programas, Procampo e Ingreso Objetivo, expresan altos grados de concentración. Por ejemplo, con datos del portal Subsidios al Campo en México podemos saber que el primer 1 por ciento de beneficiarios (suponiendo que exista una correspondencia 1 persona: 1 folio) acumuló el 23% del total de los pagos realizados entre 1994 y 2008 (decimos suponiendo, pues el nivel de concentración se incrementa si consideramos que hay personas que tienen más de un número de folio). Sólo 1 estado (Sinaloa) acumula el 10.8% del total de los apoyos. La fórmula “muchos recursos en pocas manos” se hace más crítica (todavía) cuando consideramos que la distribución desigual a su vez se replica dentro de los estados. En Sinaloa, en el periodo 1994-2008, el primer 10 por ciento de beneficiarios recibió el 63 por ciento de los pagos de Procampo e Ingreso Objetivo. ¿Fuerte? Hay más, resulta que en ese estado, el primer 1% recibió el 24% del total de los apoyos.

Al poner los datos en el contexto nacional, lo cierto es que la noción de concentración termina por ser ofensiva. Nadie nos dice que menos de 3,500 beneficiarios (todos ellos en Sinaloa y nuevamente asumiendo la ficción un folio: una persona) han recibido cerca del 2.5% del total de los recursos asignados a Procampo e Ingreso Objetivo. Tal como lo lee, 3,500 folios en Sinaloa han recibido lo mismo (cerca de 4.5 mil millones de pesos) que el total de los 380 000 beneficiarios de todo el país del Procampo Tradicional para Maíz y cualquier cultivo. De hecho, 20 beneficiarios se distribuyen más de 220 millones de pesos en el mismo periodo. Esto significa que los folios que más han recibido promedian apoyos de cerca de 20 millones de pesos. Vamos, hay apoyos a personas físicas por más de 1,000 hectáreas, a pesar de que el decreto de creación del Procampo fija el límite para la superficie elegible a 100 has. Si los incrementos millonarios se van directamente a pocas manos, de poco o nada servirán.

Pero decíamos que también debe atenderse cuáles son los programas que se incluyen en el PEC. Pues ello matiza la alegría de escuchar que la productividad rural recibirá cuantiosos recursos. Por ejemplo, 25 mil de los 235 mil millones tan festejados que se suponen destinados al campo, en realidad obedecen al rubro educación pública. Por supuesto uno supone que se trata del gasto que se destinará a la educación en el medio rural. Con todo, resulta que de esos 25 mil millones, 15 mil son del Programa Oportunidades y 5 mil del Programa de Desarrollo de Capacidades (lo que sea signifique). Un ejemplo más, resulta que el Programa para la Atención a la Pobreza en el medio Rural aporta 43 mil millones al PEC, de los cuales 7 mil son para atención a indígenas y 10 mil para la atención a adultos de más de 70 años. La asimilación de la política social y la política productiva para el campo como una misma es algo más que un error de categorización de gasto. Muestra la falta de conducción y rumbo.

Con base en esta técnica de asignación de gasto para el desarrollo rural, bien bastaba incluir cualquier programa de seguridad pública que suceda en zonas rurales (por ejemplo, los sobrevuelos para detectar zonas de cultivos de enervantes o la construcción de una prisión de alta seguridad en una zona indígena o rural) para llegar a los tan ansiados 261 mil millones de pesos. Insistimos, si los muchos recursos se van a unos poquitos, o si detrás de las millonarias cifras que se presumen para desarrollo rural están tratadas como idénticas la política social y la de productividad, lo único que tendremos será un auténtico placebo presupuestario. No son los recursos lo que nos ayudará a rescatar al campo, también importa su distribución.

*Coordinador del ára de transparencia y rendición de cuentas de Fundar y responsable del proyecto Subsidios al Campo en México

Foro Políticas públicas: transparencia, rendición de cuentas y equidad de género.

PROGRAMA: 26 de Noviembre de 2008

Lugar: Universidad Autónoma Chapingo

8:00-9:00 A.M. Registro de participantes.

9:00-9:30 Inauguración del Foro con la presencia de autoridades de la UACh y funcionarios de la SFP.

9:30-10:30 Conferencia Magistral. Ponente: Dra. Pilar Alberti Manzanares (Colegio de Postgraduados, Programa de Estudios del Desarrollo Rural, Área de Género). Tema tentativo: “La equidad de género y las políticas públicas en México”.

10:30-11:30 Conferencia Magistral. Ponente: Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros (UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales). Tema tentativo: “La política de transparencia y de rendición de cuentas en México”.

11:30-12:00 Sesión de preguntas y respuestas-

12:00-12:15 Receso breve para café-

12:15-14:30 Primer Panel: Experiencias de los programas gubernamentales con enfoque de género del Proyecto Observatorio 2008, con la participación de:

Ausencio Valencia Largo, Rosa Isela Padilla García, Juana Macedonio y Ma. Del Carmen Flores Lorenzo (Centro Coordinador de Desarrollo Indígena en Atlacomulco, Estado de México): “Panorama del Programa POPMI en el Estado de México” (12:15 – 12:45)

Laura Angélica Saldaña Espinoza (Coordinadora del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles): “Guarderías y Estancias Infantiles en el Estado de México”. (12:45 – 13:15)

Ing. Jacobo Meza Bernardino (Representante de FONAES): “Programa de Apoyo a Proyectos Productivos de Mujeres en el Estado de México” (13:15 – 14:15)

Sesión de preguntas y respuestas (14:15 -14:30)

14:30 – 16:00 Receso para comida

16:00 – 17:00 Mesas de Trabajo

17:00-18:30 Segundo Panel: Experiencias de los programas gubernamentales con enfoque de género del Proyecto Observatorio 2008, con la participación de:

Lic. Napoleón Lara González (Representante de la SRA en el Estado de México): “El PROMUSAG en el Estado de México” (17:00 – 17:30)

Lic. Lourdes Hinojosa Jiménez (Instituto Nacional de las Mujeres, Subdirectora de Atención a la Mujer) y Lic. Minerva Melgoza Pacheco (Instituto Nacional de las Mujeres, Jefa del Departamento de Transversalidad de Género): “Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Estado de México” (17:30 – 18:00)

Sesión de preguntas y respuestas (18:00 – 18:15)

18:15-18:30 Relatoría de conclusiones y recomendaciones.

18:30 Clausura del Foro

18: 45 Refrigerio

¿A quién queremos subsidiar?

En un país como México, el tema de los subsidios para el campo adquiere particular relevancia por varias razones. Quienes lean estas líneas seguramente ya han pensado en las suyas, tiro al aire algunas que desde mi perspectiva deben considerarse: por la larga tradición de producción agrícola que hay en el país, por la conexión cultural con el territorio que esta actividad económica supone en el México rural e indígena, por los millones de mexicanos que dependen del sector, por las consecuencias para la soberanía alimentaria o incluso por las implicaciones que la participación en mercados de libre comercio tanto con Europa como con América del Norte suponen.

Hay otras dos, sin embargo, que han sido el impulso para construir el proyecto Subsidios al Campo en México y que quiero explicar en este breve artículo. Una es la urgente necesidad de optimizar los resultados esperados, vía el destino de subsidios, en el combate a la desigualdad y exclusión que aqueja a nuestro país, específicamente en el sector rural. La otra, que los subsidios son recursos públicos que nos pertenecen a todas y a todos y que son administrados de manera temporal por quienes ejercen el poder público. A partir de estos argumentos es pertinente preguntarse ¿qué modelo de apoyo al campo queremos en México?

Simplificando en exceso el esquema, podemos decir que para aquellas personas que se dedican a la agricultura con fines económico-lucrativos (cuya producción está destinada a la comercialización), el incentivo medular para su esfuerzo radica en los beneficios que se obtienen por las transacciones logradas en el mercado. Quienes gozan de condiciones adecuadas y disponen de los medios pertinentes, logran vender sus productos y obtener jugosas ganancias. Quienes poco tienen o están en condiciones precarias de producción, tienen una desventaja, muchas veces estructural. No sólo el mercado los premia poco, cada día los excluye más. Así, la primera cuestión que tenemos que resolver es cuál es la racionalidad detrás de la inclusión de agentes económicos solventes y competitivos por si, en programas de tipo compensatorio que buscan la incorporación más equitativa de quienes menos tienen en el mercado. Dicho de forma más simple, dado que la asignación de subsidios por su naturaleza supone una exclusión ¿qué sentido tiene ayudar con dinero público a quienes todo lo tienen dejando de lado a quienes requieren de esos recursos para disminuir las desigualdades?



Desde el punto de vista de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, un incremento en la productividad del sector será exitoso sólo en la medida que logre incluir a la mayor cantidad de personas en un proyecto de desarrollo. Se trata no sólo de tener un campo ganador (usando prestado el eufemismo del gobierno federal) sino de tener un campo ganador y equitativo. Subsidios excesivamente concentrados, no sólo no llegan a quienes los necesitan, aumentan, además, la exclusión social.

Todo esto para justificar, o dimensionar mejor, la importancia de responder a las preguntas ¿quién recibe cuánto, en dónde y para apoyar a qué productos? Acordada la pertinencia de estas preguntas, uno esperaría buenas respuestas. O por lo menos la posibilidad de encontrar en la información del gobierno buenas respuestas. Sin embargo, la generada por la SAGARPA es de tal magnitud compleja en su manejo y con tantas inconsistencias, que roza lo inútil. Sin información confiable, tendremos una venda en los ojos. Aunque la exclusión que exista sea palpable, por decirlo de algún modo, con el resto de sentidos.

Así las cosas, algunos datos son relevantes, sobre todo a la luz de la negociación presupuestaria que se vive en la Cámara de Diputados. Para muestra, hoy nos reporta la prensa que las y los Diputados aumentaron en 11 mil 600 millones la propuesta original del Ejecutivo, llevando el monto total de recursos públicos destinados al sector a 235 mil 835 millones de pesos.

Sin embargo, insistimos, este incremento de recursos puede ser incluso negativo si no revisamos a quiénes se entregan. Por ejemplo, a partir del análisis de los datos públicos consultados en Subsidios al Campo en México pudimos saber que 40 personas físicas en sólo 4 estados recibieron en conjunto, en lo que va de existencia de Procampo e Ingreso Objetivo, 422 millones de pesos (es importante aclarar que Procampo tiene 15 años de vigencia e Ingreso Objetivo 8). Esto es casi lo mismo que han recibido en total los productores de Chile (más de 40 mil productores) por concepto de Procampo Tradicional durante 15 años (475 millones de pesos).

Los mismos 422 millones de pesos que han recibido estas 40 personas físicas supera por más de 100 millones de pesos el monto que han recibido en 15 años los 3,050 beneficiarios de Procampo e Ingreso Objetivo de Baja California Sur. También son 8 veces más que lo que han recibido los campesinos del Distrito Federal (2,040 beneficiarios) y son apenas 30 millones menos que lo que han recibido en el mismo periodo los campesinos de Colima (12,352).

Ejemplos concretos nos ayudan a entender mejor los niveles de concentración. En Sinaloa, los productores: Jesús Patrón Montalvo (Diputado Federal), Evelio Plata Inzunza (Diputado local), Esteban García Valenzuela (Diputado local y ex presidente municipal de Ahome) suman más de 47 millones de pesos en pagos de Procampo e Ingreso Objetivo. Lo recibido por sólo 3 personas equivale a lo que han recibido el total de los productores de Coahuila (16,382) por concepto de Procampo Frijol en 15 años. De hecho, es más de lo que han recibido los productores de frijol de cualquiera de los 16 estados que menos recibieron por este rubro (incluidos Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Morelos) en 15 años.

Estas concentraciones no se dan sólo en personas físicas. En las personas morales el nivel de concentración se pronuncia de manera considerable. Es importante aclarar que aún cuando no es fácil saber que significan estos niveles de concentración en términos individuales, lo cierto es que suponen un problema en términos de distribución de recursos públicos, pues no dejan de ser agentes económicos competitivos y altamente solventes, recibiendo apoyos que en su diseño habían sido previstos para las personas de menores recursos.

Veamos. Entre dos personas morales (2 sociedades): Auza Sociedad de Producción Rural (SLP y Tamps); y Agrícola Ohuira (Sin) han recibido más de 112 millones de pesos por concepto de Procampo e Ingreso Objetivo. Esto, simplemente, es más de lo que recibieron la totalidad de productores del estado de San Luis Potosí por Procampo Tradicional Avena en 15 años.

A la luz de estos datos, todos obtenidos de Subsidios al Campo en México, la discusión sobre los aumentos a los subsidios toma otro perfil. Que quede claro, no es lo mismo dar dinero para el campo, que a los campesinos.

*Miguel Pulido Jiménez es responsable del Proyecto Subsidios al Campo en México y coordinador del área de Transparencia y rendición de cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C.